Ecuador se encuentra en una situación delicada en relación al juego, ya que se ha tomado una medida en la que se suspenden las actividades de Casino y Tragamonedas en este país, basándose en una norma que fue agregada a la constitución en el año 2011. Esto ha causado un revuelo en el país, ya que las partes interesadas están exigiendo la anulación de esta medida, ya que esto atenta contra los derechos de muchos trabajadores que se verían afectados directamente si esta medida se da como definitiva.
La industria de casino genera importantes impuestos que representan una entrada importante de dinero al país por la recaudación, pero el gran número de irregularidades que se han desarrollado, han obligado al gobierno ecuatoriano a tomar medidas drásticas respecto a lo que serán los juegos de apuestas en un futuro.
En los próximos días se estará llevando a cabo un procedimiento legal en el cual que los representantes del Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales, se dirigirán al Tribunal Constitucional con la intención de que no se tome en cuenta esta norma, la cual formó parte de una consulta popular en la que participó un porcentaje importante de la población, afectando así, el desarrollo de las actividades de juego y apuestas en este país. Hasta el momento se encuentran suspendidas y prohibidas todas las actividades que tengan que ver con esta industria, lo que podría generar pérdidas increíbles a los inversionistas y dueños de casino, quienes se verán obligados a dejar sin empleo a una gran cantidad de trabajadores que actualmente se desempeñan en el área.
Trabajadores desempleados
Uno de los argumentos principales para la anulación de esta norma que exigen los demandantes, es que esto representa una violación a los derechos de los trabajadores y el ejercicio de la libre empresa que también están contemplados en la constitución, lo que representaría una gran contradicción. En el año 2011 se presentó un documento ante un Juez de Garantías, en el mismo se establecían los parámetros de la prohibición y él porque era una medida inconstitucional, esto fue llevado posteriormente a la Corte Provincial, y comenzará una batalla legal entre los abogados del comité y los responsables por parte del Estado. La violación del derecho al trabajo es una falta grave que acentúa Francisco Zambrano Campuzano, el actual presidente de este comité, quien es uno de los principales denunciantes para que la norma sea revocada.
Piden intervención del Presidente
Esta medida podría dejar sin empleo a al menos 200 mil trabajadores que actualmente desempeñan algún cargo relacionado con esta actividad, desde los publicistas hasta los anfitriones, habrá un gran número de afectados como consecuencia del cierre de los casinos. Debido a la forma como se están desarrollado las cosas se está evaluando la posibilidad de que la Corte Constitucional pida la intervención del Presidente de la República para que se establezca una medida o solución que no perjudique a la población ni a la industria del juego que actualmente peligra en el país.
Este sector genera una gran cantidad de empleos al año, los impuestos son muy elevados y benefician al Servicio de Rentas internas de Ecuador, esto permite que el estado pueda dirigir estos ingresos a las áreas sociales, lo que representa una verdadera evolución. Se estima que en los próximos días haya una respuesta por parte de los responsables de canalizar las exigencias del comité, si conseguir la mejor solución para esta crisis.